Según la investigación, entre marzo y agosto de 2025, el principal detenido actuó como supuesto arrendatario de dos viviendas en la capital. Con esta condición permitió el empadronamiento en dichos inmuebles de 38 ciudadanos procedentes de Marruecos y Argelia, la mayoría de ellos en situación administrativa irregular en España.
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Para llevar a cabo el fraude, el detenido y sus colaboradores han firmado dos contratos de alquiler en los que los cómplices figuraban falsamente como propietarios o arrendadores. Ninguno de los investigados tiene la propiedad ni ningún derecho sobre las viviendas, que sí existen en la capital burgalesa.
Los legítimos propietarios no tenían conocimiento alguno de estos contratos falsificados. Con los documentos simulados en su poder, el detenido los utilizó para presentar los trámites de empadronamiento y, actuando como falso arrendatario, facilitó la inscripción de esos 38 ciudadanos extranjeros en el padrón municipal.