Las riendas del partido las toma Ramón Fernández-Pacheco, exalcalde de Almería y ahora consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía. Es una de las personas de máxima confianza de Moreno. La Diputación tiene como presidente accidental a Ángel Escobar, que se ha puesto a disposición de juzgado para colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer lo sucedido.
La detención de Javier García se produjo a primera hora de la mañana. Al llegar el ya expresidente a la Diputación Provincial, los agentes de la Guardia Civil lo estaban esperando para comunicarle su arresto, así como para empezar el registro pertinente. No fue el único. La UCO detuvo a siete personas en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. Entre ellos el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. En estos casos las detenciones se produjeron en sus propios domicilios, que también fueron registrados por la Guardia Civil.
Los otros cuatro arrestados son técnicos de la institución provincial y personas que habrían colaborado en un supuesto blanqueo de capitales con las presuntas comisiones cobradas por adjudicaciones de contratos públicos.
El Caso Mascarillas en Almería estalló en 2021 con la detención del vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Líria, por adjudicar presuntamente un contrato millonario de material sanitario durante la pandemia a cambio de una suculenta comisión. El beneficiario, que también fue arrestado entonces, era un empresario relacionado con el tráfico de drogas y de armas asentado en Barcelona.
De hecho, las comunicaciones interceptadas por la UCO en la operación Lúa fueron las que llevaron hasta unas posibles irregularidades en los contratos de emergencias para obtener material sanitario de la Diputación.
El procedimiento judicial abierto por esa compra de mascarillas ya tenía como investigados a Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez, pero ayer se sumó Javier García. Este mismo mes, el PSOE ya solicitó que se tomara declaración como testigo al propio Javier Aureliano García. Lo hicieron como parte de su ejercicio como acusación popular dentro del Caso Mascarillas de Almería.
El PSOE señaló que, el hasta este martes presidente, debía declarar en su calidad de máximo responsable de la institución y como firmante del contrato en 2020 que originó la causa. Aquella adjudicación a un investigado por narcotráfico por un valor de 2,03 millones de euros. Antes de que eso se produjera, la UCO de la Guardia Civil, al amparo del Juzgado que lleva el caso, lo detuvo durante el registro como supuesto miembro de esta trama de corrupción en la Diputación.
Fuentes judiciales confirmaron este martes que las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción 1 de Almería es una ampliación de las investigaciones iniciadas en 2021 por la presunta compra fraudulenta de material sanitario. En este caso, de acuerdo con esas fuentes, se trata de una segunda fase de la operación por la que ya fue detenido Líria y resultaron investigados Giménez y Sánchez. Ésta abarcaría a varios contratos públicos relacionados con la Diputación de Almería en contratos de obras públicas en los que se habría cobrado 'mordidas' a cambio de hacerse con la adjudicación.
La sede del Área de Fomento de la Diputación en la calle Hermanos Machado de Almería también fue registrada ayer por la UCO. La nueva operación se desarrolló con el registro por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas de esta trama.
Según el auto que autorizó los registros y facultó a la UCO a llevar a cabo las detenciones que considerara necesarias para esclarecer los hechos, «en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de los delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales».
El auto reseña que la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil muestra indicios de que los investigados, ahora detenidos, «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, en la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas, con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber sido destinatarios, entre otros».
Estas fuentes reseñan que algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines. Al mismo tiempo explican que algunos de los implicados en esta trama de supuestos amaños de adjudicaciones no habrían tenido participación en la adjudicación presuntamente fraudulenta de los contratos, pero sí «en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales».
Por este motivo, el Juzgado de Instrucción 1 de Almería también autorizó a los miembros de la UCO de la Guardia Civil a llevar a cabo el volcado, visionado y copiado de comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados. Por este motivo, como reseñaban fuentes de la Diputación, los agentes requirieron en el día de este martes documentación a la institución provincial, pero también al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está siendo investigada o por el lavado de dinero o por las adjudicaciones que recibieron.
Asimismo, El juzgado instructor de este Caso Mascarillas ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro y cajas de seguridad. Del mismo modo, ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor. Ya que este patrimonio, en caso de condena, puede servir para pagar la responsabilidad civil.
Las fuentes consultadas por ABC explican que los siete detenidos en la operación esta previsto que sean puestos a disposición judicial el próximo jueves con el atestado de la UCO.