La compañía Servinabar fue adjudicataria de contratos de obra pública en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona. Según investiga el Tribunal Supremo, distintas adjudicaciones pudieron ser amañadas para que la compañía del amigo de Cerdán se llevase los contratos y él cobrara una mordida o comisión ilegal de hasta el 2% de la adjudicación. Así se recoge en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al magistrado del Alto Tribunal y a raíz del que Leopoldo Puente ha citado a declarar a tres directivos de Acciona el próximo 3 de diciembre.
El citado informe recoge que «en fecha próxima a la moción de censura por la que cambió el Gobierno de España en junio de 2018, desde las cuentas de Servinabar se comenzó a abonar una nueva cuota de arrendamiento, esta vez para un inmueble sito en la calle Hilarión Eslava de Madrid, correspondiente a la vivienda de Santos y su familia hasta el mes de julio de 2025».
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