Nulidad de los registros y correos en el mercado, las bazas del fiscal

Pese a la contundencia e insistencia de los peritos de la UCO sobre la imposibilidad de hacer «un volcado selectivo» de datos de los dispositivos en el momento del registro –«eso hay que hacerlo en un momento posterior»–, la defensa ha impugnado las actas derivadas de esos registros, que considera «desproporcionados». Se trata del material incautado a García Ortiz y a la fiscal Pilar Rodríguez. No en vano conforma la columna vertebral de este procedimiento y gracias a ese volcado (en concreto, el relativo a los dispositivos de Rodríguez, que no borró nada) se consiguió trazar la secuencia de los momentos clave de la filtración. Dice Ocio que el auto de Hurtado ya partía de una acotación temporal excesiva –7 meses y 22 días– pero a ello se añade ahora que el acta de la entrada y el registro es «ambiguo y críptico en cuanto a lo que incauta y clona».

Cuando la investigación llegaba a su fin, la Abogacía del Estado ya se agarró como un clavo ardiendo a la coartada de los periodistas que supuestamente tuvieron el mail de la confesión de González Amador antes de que García Ortiz lo recibiera en su correo electrónico particular. A efectos de la defensa, un dato crucial para mantener que si esos mails estaban ya en circulación, la revelación posterior no sería delito. El problema es que ninguno de estos periodistas lo publicó antes de que lo hiciera el redactor de la Cadena Ser, cinco minutos después de recibir el fiscal general el último de esos correos tras sacar al fiscal Julián Salto de un partido de la Champions. La Abogacía del Estado llamó a estos mismos periodistas como testigos al juicio para mantener esta tesis, pero hay un condicionante clave respecto a otros testigos: el derecho a no revelar sus fuentes. Esto no fue óbice para que algunos de los comparecientes, en su afán indisimulado por justificar al fiscal general, apuntaran a la fiscal Lastra como origen de la filtración. La acusación particular recordó que los periodistas «poseen un interés económico, profesional, de negocio o como lo que queramos llamar, en cuidar la relación que les provee de secretos e informaciones reservadas». Y fuente es también el Ministerio Fiscal.

La defensa de García Ortiz recuerda que la documentación sensible del novio de Ayuso pasó por muchas manos: por una cuenta genérica de la sección de delitos económicos, por la Abogacía del Estado (a la que el letrado de González Amador reenviaría el famoso correo), por personal de las fiscalías superior y provincial de Madrid. Eso sin contar con las personas que tuvieron acceso a él en el entorno del abogado Neira, dijo Ocio en la vista, empezando por su propio despacho. O incluso Miguel Ángel Rodríguez, porque si el jefe de gabinete de Ayuso difundió el correo publicado por 'El Mundo' (el ofrecimiento de un pacto del fiscal a González Amador) en dos chat de 50 periodistas cada uno, ¿por qué no iba a tener también los demás?. «Hay una laguna en torno a ese correo del 2 de febrero que el instructor no ha querido investigar», según Ocio.

A lo largo del juicio Abogacía y Fiscalía han enmarcado la actuación del fiscal general en la dación de cuentas exigible a cualquier subordinado en casos que se consideran de relevancia pública y no en un «interés particular» del acusado. Creen que el hecho de que González Amador fuera pareja de Ayuso le hacía merecedor de ese trato diferenciado pese a que, como mantuvo el propio afectado en su declaración como testigo, siempre ha mantenido al margen de la actividad pública de la presidenta. Dice la defensa que se siguió el cauce ordinario en la petición de información al respecto, pero a las acusaciones les escandaliza esa implicación tan personal en horas nocturnas, claves en la filtración, y la forma en la que García Ortiz recibió los correos. «No es que el acusado sea el filtrador sea la mejor explicación posible, es que es la única explicación razonable», diría uno los abogados.

La Abogacía del Estado atribuye el borrado de mensajes por parte de Ortiz a su concienciación con la protección de datos y a los secretos que atesora como fiscal general, que son «muchos y de muy diversa índole». Viene a decir que el primer perjudicado por no poder defenderse ante ese borrado es él. Sin embargo, «eliminó sus mensajes el día que el Supremo le abrió causa penal, cambió de dispositivo una semana antes del registro, no devolvió su móvil, se deshizo de su cuenta de mail y de los correos.... ¿Qué persona inocente haría algo así?».