El letrado, acusación particular en la causa, mantiene que el interés personal de García Ortiz en este caso tenía un único fin: sellar la filtración con una nota de prensa que diera cobertura, que acompasara, el discurso político de «defraudador confeso» que ya se había puesto en marcha desde Moncloa. Fue por esta vía como se cerró, con la captura del mail que la número dos de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, quiso que el entonces portavoz madrileño Juan Lobato exhibiera en la Asamblea de Madrid el 14 de marzo de 2024. En esos momentos el fiscal general del Estado apremiaba mediante media decena de llamadas y wassap a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para que sacara la nota informativa de la que esta renegaba porque, además de haberse elaborado a sus espaldas, la información que contenía excedía con mucho lo que, a su juicio, debía haber sido una simple aclaración por parte de Fiscalía.
Aunque este comunicado parecía haber quedado fuera del juicio que quedó visto para sentencia el jueves, al menos «aparentemente», el relato de hechos y la activa participación del fiscal general en su redacción –tras encargarse personalmente de recopilar la cadena de correos–aventuran que para el tribunal que tiene que decidir ahora no será fácil escindir la filtración del contenido del correo a la Cadena Ser –a los cinco minutos de recibir García Ortiz el último de los mails con los que «cerró el círculo»– y la posterior difusión de ese correo en la nota de prensa que ya se empezó a elaborar esa misma noche. El proceso de redacción de la nota lo avanzó la Cadena Ser y, sin embargo, lo desconocían la fiscal Lastra y su jefe de prensa, que no tuvieron noticias de ese papel hasta la mañana siguiente, cuando el fiscal general le indicó a su subordinada, la misma que le reprochó desde el primer momento la filtración, que sacarlo era «imperativo».
Si la declaración de la jefa de comunicación de García Ortiz, Mar Hedo, ya apuntó a la intervención directa del fiscal general en la elaboración de esa nota –cuando dijo que los párrafos relativos a los correos se los «dictó» él–, la intervención del abogado del Estado en este punto no fue muy afortunada. «(...) El señor fiscal general del Estado termina de redactar la nota de prensa, la pasa a sus subordinados que la verifiquen y ahí acaba su labor. Al día siguiente, bueno, esa noche, la transmite a su directora de comunicación para que al día siguiente se emita», reconoció Ocio en sus conclusiones.
En su informe favorable a la absolución del fiscal general, el propio abogado del Estado parecía ser consciente de la importancia que esta nota informativa puede tener en la sentencia. De ahí que se esforzara tanto en justificar por qué el acusado se volcó de esta forma tan excepcional en el caso, hasta el punto de actuar como no se había hecho nunca en ninguna de las 300 notas de prensa elaboradas por la Fiscalía de Madrid que dirige Almudena Lastra, según testificaron la propia fiscal y su jefe de prensa, Íñigo Corral. «La única orientación que tenía el fiscal general del Estado era que hubiese cuanto antes una nota de prensa (...). Una nota de prensa no puede esperar tres días, se estaba instalando un relato que perjudicaba a la Fiscalía, señalaba a dos fiscales en concreto y eso se tenía que atajar de forma ágil. No puede esperarse a la tarde, no puede esperarse al día siguiente. Esa noche del 13 de marzo él tomó las riendas de la situación», reconoció el jueves la defensa del acusado.
Tras lamentar que «a estas alturas todavía sigo sin saber si tengo que defenderme de la nota porque según la Sala lo contenido en ella estaba 'aparentemente revelado'», Ocio negó que la filtración de los correos fuera «una especie de acto preparatorio» para la emisión de ese comunicado, algo que sí piensan las acusaciones. «Eso es insostenible», enfatizó. A su juicio, no se podían desmentir los entrecomillados que publicó 'El Mundo' (del supuesto ofrecimiento de un pacto del fiscal a González Amador) «sin recoger la realidad de los correos que han acontecido». Además, dijo, esa nota no vulneró ningún deber de reserva porque «los datos ya estaban publicados por parte de los medios de comunicación».
Las acusaciones discrepan. «El que estuviera en los medios no eliminaba la tipicidad de la nota. La búsqueda de esa protección de García Ortiz a través de la filtración de la cadena SER lo único que hizo fue aumentar la tipicidad de sus conductas y las consecuencias lesivas derivadas de ellas». Había un deber de reserva y sigilo que si vinculaba a alguien era precisamente a una institución como la Fiscalía. «Aquí lo que ha habido es una exhibición de documentos pero también una filtración de contenidos», diría una de las acusaciones populares. Un solo acto y dos escenas que se antojan inescindibles.