Así lo ha explicado uno de los miembros de la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna de Toledo, Orlando Lumbreras, que ha manifestado que están en un proceso de 70 desahucios. «Llevamos 8 años hablando ya con la Consejería de Fomento y esto ha acabado en 70 desahucios a la mejor gente que hay, a la única que habla y que quiere pagar», ha aclarado Lumbreras.
Han presentado 60 firmas en la Consejería de Fomento ante los desahucios inminentes y han solicitado hablar con el delegado provincial de Fomento, Jorge Moreno, a fin de que se paren los los alzamientos, «porque ya están empezando a echar a la gente».
«Ayer estuve en un juicio, y es cierto, hay un impago, pero también un incumplimiento de Gicaman, el abandono terrible de un sitio (no arreglan nada, no funcionan los ascensores y hay ratas). Entonces planteamos hablar y empezar a diseñar un plan de pagos«, ha añadido Lumbreras.
El alquiler de estas viviendas es de 410 euros más la comunidad, según han detallado los afectados. «Queremos hablar, porque además se ha generado una presión de mafias y se ha generado un malestar», insiste Orlando Lumbreras.
«Y la respuesta de Gicaman es echar a las personas que realmente nosotros pensábamos que era el núcleo de los que podían salvar esas viviendas, porque eran los que hablaban, los que venían a las reuniones, y tienen el certificado de vulnerabilidad, que es algo que protege hasta el 31 de diciembre; siempre hemos defendido que no se puede pagar más del 30% de lo que se cobra. Una vez hablamos de hacer huelga de hambre y uno dijo: 'Yo no tengo ningún problema porque llevo tres días sin comer'», ha concluido Lumbreras.
La citación judicial ha llegado, por el momento, a 40 familias, muchas de ellas con menores. De todas las que residen en el número 8 de la calle Río Yedra, tan solo entre 10 y 15 se encuentran al corriente de sus obligaciones con el alquiler, han afirmado desde la plataforma.