«Nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder», sostiene el manifiesto que los consejeros populares leyeron antes de abandonar la sesión. El texto acusa al Gobierno central de «situar las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud» y reclama «respeto institucional» y «restaurar los cauces reglamentarios» del Consejo.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, intervino en nombre de la Xunta antes de levantarse de la mesa y denunció el uso del Consejo para «caprichos políticos» y «ataques» a las comunidades autónomas del PP. A su juicio, el Ministerio «ha convertido un espacio de coordinación técnica y diálogo en un escenario de confrontación partidista». Según dijo, trasladaron su «inquietud y disconfort con lo que ha pasado en las últimas semanas», en referencia al cruce de reproches entre el Ejecutivo y varias autonomías por el acceso a datos sobre los programas de cribado oncológico.
El conselleiro defendió que Galicia no tiene problema en facilitar la información solicitada sobre los programas de detección precoz del cáncer y aseguró que el Sergas trabaja con criterios de transparencia y rigor: «Estamos dispuestos a dar esos datos, por supuesto. De hecho, en Galicia tenemos que actualizarlos próximamente y los primeros que los conocerán serán los pacientes», afirmó.
El enfrentamiento entre el Ministerio y las comunidades del PP se originó tras los fallos detectados en los cribados de cáncer en Andalucía, que llevaron al Gobierno central a reclamar a las autonomías información detallada sobre sus programas de detección. Varias, entre ellas Madrid, Comunidad Valenciana o Murcia, denunciaron la petición como una maniobra política y un intento de señalamiento a los territorios gobernados por los populares.
En esa línea, el conselleiro lamentó que mientras tanto el Consejo Interterritorial continúe sin abordar los que considera los «principales» problemas del sistema sanitario. Entre esos retos, Gómez Caamaño volvió a señalar el déficit de médicos de familia y pediatras, un problema que, a su juicio, sigue sin respuesta por parte del Ministerio. «No se está tomando ninguna medida para solventarlo», denunció.
Protesta popular
Los consejeros de Sanidad, a su salida, reivindicaron su gesto «en defensa de la salud de los españoles, del respeto institucional y del correcto funcionamiento del Consejo Interterritorial». Y anunciaron su retirada de la sesión hasta que el Ministerio de Sanidad «restaure los cauces reglamentarios y devuelva al Consejo el valor, el fondo y el contenido que merece como órgano fundamental de coordinación de la política sanitaria en España».
Tras realizar su salida, la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que los consejeros populares del ramo «han pasado de ser irresponsables a ser cafres» y los acusó de «boicotear el CISNS, la transparencia y su credibilidad para gestionar la crisis de los cribados». «Van a tener noticias de nuestros servicios jurídicos», aseguró.
Reproches del PSdeG
En la misma jornada, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, emplazó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a colaborar con el Ministerio de Sanidad y facilitar los datos sobre cribados de cáncer en Galicia. A preguntas de los periodistas, en un acto en La Coruña para valorar los presupuestos autonómicos de 2026, negó entender la posición en contra de facilitarlos. «Si es verdad que los tienen, cuál es el inconveniente, no comprendo por qué Rueda no quiere facilitar esos datos, si uno está haciendo las cosas o bien o mejor que bien, como dice», consideró, pese al ofrecimiento de Caamaño a compartir dicha información.
Para el dirigente socialista, la postura del Partido Popular evidencia que «empiezan a estar preocupados porque seguramente no están haciendo las cosas como deberían». «Donde gestiona el PP, la sanidad pública se debilita», recalcó.