Una de las presuntas acosadoras, de las que han llegado a publicar fotografías y nombres, incluso en pintadas en la pared del colegio Irlandesas de Loreto, fue insultada y amenazada en una de sus salidas a realizar una actividad extraescolar, lo que terminó por motivar una mayor presencia policial en el entorno del centro y aconsejarles limitar sus salidas de sus domicilios en la medida de lo posible. Se trata, por tanto, de una medida cautelar, y no de una consecuencia derivada de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía
Cabe recordar que el centro Irlandesas de Loreto sacó un comunicado este miércoles en el que lamentaba y acompañaba en el dolor a la familia de Sandra, a la vez que afirma que están comprometidos con la «prevención, detección temprana y actuación» de actuaciones que puedan perjudicar a la salud mental y el bienestar de sus alumnos. Un comunicado que la familia de la niña ha calificado como «completamente impersonal» y que considera que «llega tarde».
Esta recomendación de quedarse en casa viene además refrendada por las diligencias abiertas de investigación penal por la difusión en redes sociales de las fotografías con la identidad de las supuestas acosadoras y los mensajes de amenazas recibidas por las mismas. En dicho escrito, además, revela que en su función de protección de la imagen de los menores «el acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas».
El informe de Inspección Educativa, que acabó derivando a la Fiscalía, reflejó que el colegio no activó los protocolos de actuación pertinentes ante casos de acoso y de actitudes autolíticas, a pesar de que sí había actuado con medidas preventivas como separar a la niña de las presuntas acosadoras en clases diferentes. El protocolo de acoso establece que el caso debe ser registrado en la plataforma Séneca, para poder seguir el caso y continuar con el seguimiento del mismo, independientemente de que las conductas de acoso se detecten dentro o fuera del recinto educativo.
La Fiscalía tiene abiertos dos expedientes de investigación por el caso de Sandra. De un lado, se abrirá un expediente de reforma juvenil en el que será relevante el atestado que está elaborando la Policía Nacional sobre los hechos, sus protagonistas y la edad de las mismas. De otro lado, se abrió un expediente de protección, en el que el representante del Ministerio Público encargado del caso supervisará la actuación de todas las entidades y administraciones en este asunto.