Según estima Gestha, la condonación reducirá el pasivo de Galicia en un 31,1%, el equivalente a 4.000 millones de euros, aunque ello no implicará necesariamente que la Comunidad pueda emplear estos recursos en otras partidas como políticas sociales, tal y como sí han defendido en numerosas ocasiones tanto socialistas como nacionalistas gallegos. El motivo, que argumentan entidades como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), es la denominada regla de gasto, una norma que limita el crecimiento del gasto público en función del crecimiento económico (del PIB) para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
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Sin embargo, los técnicos de Hacienda advierten que esta regla de gasto se incumple sistemáticamente y que la ministra del ramo, María Jesús Montero, ya afirmó que tendrían «cierta flexibilidad» en este aspecto, sin concretar. Respecto a los datos de 2025, Galicia aumentó el gasto público en el entorno del 9% pese a a que la regla de gasto era del 2,6%, aunque no es el único caso. Por su parte, Baleares tuvo un aumento del 14,5%, en La Rioja fue del 13,9% y en Asturias también en el entorno del 9% -en total, son 11 las comunidades que no cumplieron-.
Los técnicos de Hacienda desconocen la cantidad de las cargas financieras (intereses de la deuda) que la medida aliviará a Galicia, aunque debido a su menor endeudamiento será considerablemente inferior al de otras comunidades como Cataluña, cuya deuda supone el 29,5% del PIB -frente al 15,3% de Galicia-, así como en el caso de la Comunidad Valenciana (39,9%)o la Región de Murcia (30,2%) entre otros.
Por otro lado, la organización considera que el argumento empleado por algunos economistas y formaciones como el PP respecto a que la condonación es sinónimo de mutualización implica «asumir que las comunidades autónomas son las que pagan impuestos en vez de los ciudadanos y empresas». A su juicio, se limita a un «ajuste interno entre Administraciones públicas que no tiene efectos hacia el exterior» y que no afectará a los compromisos de endeudamiento público de España con la Unión Europea.
En cualquier caso, desde Gestha insisten en que más allá de la condonación de la deuda, la reforma del sistema de financiación autonómico sigue siendo una tarea pendiente que los gobiernos, sea cual sea su sino político, continúan evitando. Una labor, reconocen, complicada debido a la «polarización» del debate político, que se refleja también con al cuestión de la condonación de la deuda pese a la necesidad de garantizar una «suficiencia» de los recursos para evitar la merma en la calidad de los servicios públicos.
Gasto en Defensa y SMI
Otras cuestiones debatidas por los técnicos de Hacienda, de calado nacional, implican a asuntos de actualidad como el aumento del gasto en Defensa, motivo de enfado por parte del presidente de Estados Unidos al considerar que España no está siendo leal al negarse a subir esta partida al 5% del total del PIB.
Y, a pesar de que España continúa con presupuestos prorrogados desde 2023 -lo que impide llevar a cabo esta medida-, Gestha señala que la prórroga incluirá también cambios en la distribución de las partidas, que sumado a las modificaciones de crédito, permitirán que la ejecución haya aumentando respecto a años anteriores. Concretamente, calculan que las modificaciones han elevado la ejecución en 6.247,6 millones de euros en agosto de 2025 sin que se haya alterado el presupuesto de 14.453 millones de Defensa que permanece intacto desde 2023.
Además, aprovechando la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que participó durante la inauguración de la asamblea de Gestha ayer en La Coruña, desde la organización solicitan que el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se acuerde para 2026 esté exento del IRPF, motivo de enfrentamiento hace unos meses entre la propia Yolanda Díaz y la ministra de Hacienda.