La fuerza multilateral ha comenzado a operar en el interior de la isla con el objetivo de asegurar vías de comunicación y cadenas de suministros militares.
El primer despliegue se centró en despejar la carretera Petite-Rivière-Liancourt-Pont Sondé y contó con la cooperación de la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas de Haití (FAD'H), de acuerdo con información oficial . Uno de los operativos se realizó el viernes y duró quince horas, con el objetivo de asegurar la ruta principal entre Pont Sondé y Verret, en la zona de Liancourt, facilitando así la entrega de vehículos blindados destinados a refuerzo de las comisarías locales. El siguiente paso será la intervención directa sobre Puerto Príncipe.
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La capital haitiana es un terreno en disputa entre diversos grupos armados que operan delitos como la extorsión, el tráfico de drogas y el comercio ilegal de armas. La isla caribeña, además, es el país más pobre de todo el continente americano.
Uno de los grupos armados más poderosos es la G9 Familia y Aliados (G9 Fanmi e Alye - G9 en criollo haitiano), una federación compuesta por nueve bandas criminales que se formó en junio de 2020.
El jefe es el expolicía Jimmy Chérizier, conocido como «Barbacoa». La principal fuente de ingresos de la G9 es la extorsión en sus diversas formas, pero en el último año, según la agencia AP, ha tomado el control total de servicios públicos como la electricidad y el suministro de agua.
El principal rival de la G9 es la G-PEP, una federación de bandas creada específicamente para contrarrestar la influencia de la G9 y que cuenta con diversas terminales en la política haitiana. El grupo criminal es liderado por Gabriel Jean-Pierre, alias «Ti Gabriel», se enfrenta frecuentemente a la G9 por el control de territorios clave en Puerto Príncipe, especialmente en la comuna norteña de Cité Soleil, donde los habitantes son rehenes de los enfrentamientos entre bandas, obligados a vivir en condiciones inhumanas y sin acceso a servicios básicos como agua, electricidad y atención médica.
Frente a este panorama es que la ONU ha decidido actuar a partir de una iniciativa impulsada por Estados Unidos y Panamá. Tanto Rusia como China se abstuvieron de aprobar la fuerza de 5.500 elementos militares y policiales por un lapso de doce meses.