Cuando los concellos también se desentiendan de esa tarea, la Xunta se encargará de ella pero podrá retirarle a ese ayuntamiento la cuantía gastada a través del Fondo de Cooperación Local.
En otra disposición se establece que las comunidades de montes tienen que destinar, como mínimo, un 10% de sus ingresos a medidas de prevención y protección contra incendios.
Además, se elimina la obligación de contar con un permiso de Patrimonio Cultural para trabajos de gestión del monte que se hagan en zonas con protección siempre que se hagan manualmente o con desbrozadora. En el caso de que sean necesarias más complejas, este permiso se sustituirá por una declaración responsable.
Para las actuaciones en bienes con protección estructural y ambiental tampoco será necesario el permiso previo de la Xunta, podrán dar actualización los concellos junto a la licencia que conceden para la propia actuación. Esto también se aplicará en las ciudades, cuando haya que realizar trabajos en el entorno del Camino de Santiago.
Ayudas por los incendios
Rueda inició su intervención haciendo balance del pago de las ayudas desplegadas por su gobierno para los damnificados por el fuego. De las 137 solicitudes que se recibieron por parte de quienes perdieron sus viviendas, ya fueron concedidas 42 por un valor de 2,9 millones de euros. En cuanto a empresas, se recibieron 22 solicitudes y se resolvieron ya 10 por un importe de 280.000 euros.
Para la recuperación de tecores, se recibieron 59 solicitudes y están resueltas 24, con una aportación económica total de 180.000 euros. Para restaurar reservas de la biosfera y espacios protegidos se recibieron 12 peticiones y ya se resolvieron 7 por un importe de 200.000 euros.
Y en cuanto a las ayudas agrícolas y forestales, se recibieron, respectivamente, 1.342 y 285 solicitudes que, en estos momentos, se encuentran en fase de comprobación. El compromiso del presidente es que antes de que termine el año estén pagadas por lo menos el 80%.