Esta es la principal conclusión que arroja un informe presentado hoy por la Cámara de Comercio de Valencia, uno que, aunque celebra que hay recuperación, apunta a que esta es heterogénea en función del municipio afectado y se ve lastrada por la insuficiencia de los recursos y las trabas burocráticas. No hay que olvidar que la catástrofe se cebó sobre una zona industriosa, lo que maximizó el daño económico. El consenso de los institutos de análisis es que la dana puede haber reducido el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional entre 0,1 y 0,3 puntos porcentuales en su proyección anual, cifra que en las zonas más afectadas se eleva al 20% intertrimestral en el cuarto trimestre de 2024.
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Debido a la intensidad de la riada en locales comerciales ubicados en los núcleos urbanos, de lejos, el sector más afectado han sido los servicios. Once meses después de la catástrofe, el 20% de los negocios de la zona cero (cerca de 2.300) siguen cerrados, el 10% están en obras y el 70% han logrado reabrir. Para dar la medida de lo que esto supone en términos económicos, valga decir que para más de la mitad de las pymes afectadas el coste de los daños se ha situado entre los 30.000 y 100.00 euros; la media, por su parte, se sitúa en los 61.000 euros por local.
Aun así, como ya se ha avanzado, el mercado laboral del sector servicios presenta unas cifras más esperanzadoras, ya que la afiliación a la Seguridad Social se ha recuperado y ya está un 4% por encima en términos interanuales.
En lo que refiere a la industria, por su parte, la fotografía es más esperanzadora. A pesar de la destrucción causada en los polígonos industriales de Paiporta, Albal, Sedaví y Alfafar, según la Cámara de Comercio 'solo' el 5,8% de las empresas -un centenar- han tenido que cerrar. Aun así, las industrias que han logrado permanecer abiertas lo han hecho a costa de endeudarse, ya que una de cada diez siguen llevando a cabo reparaciones en sus naves, once meses después. En lo que refiere al empleo, el despliegue de los ERTE y otras ayudas públicas -además de la resiliencia de los empresarios, apuntan desde la Cámara- han permitido que durante lo que llevamos de año la contratación se haya mantenido por encima de los niveles de 2024.
Sea como fuere, desde la Cámara advierten de que la recuperación de la actividad empresarial se sustenta en un «frágil equilibrio financiero», dado que las empresas han cursado un elevado número de solicitudes de ayudas a las administraciones públicas y a las aseguradoras, lo que ha generado una situación de demora en la gestión de los expedientes y el desembolso de los fondos. «Esta situación está provocando cuellos de botella en la gestión administrativa, así como tensiones de tesorería en las empresas», advierten los redactores del informe, que recuerdan que cuatro de cada diez empresas del sector industrial están pendientes de recibir alguna ayuda pública.
El 12% de las industrias no han cobrado del seguro
Parte de la responsabilidad de estos cuellos de botella que ha identificado la Cámara es del Consorcio de Compensación de Seguros -órgano dependiente del Ministerio de Economía-, pues el 12,9% de las solicitudes presentadas por las empresas está pendiente de ser tramitada. En el sector servicios las cifras son parecidas: cuatro de cada diez comercios están pendientes de recibir una ayuda solicitada y un 7% aún no han cobrado del seguro.
Las cifras de la Cámara de Valencia dejan otra conclusión clara, y es que la recuperación del sector productivo se ha basado en fondos propios, ayudas privadas y unos recursos públicos que no están siendo lo suficientemente ágiles, lo que estrangula la capacidad financiera de muchas empresas.
Por ello, los empresarios valencianos piden priorizar la liquidez de las empresas y eliminar obstáculos burocráticos, agilizar de forma urgente el desembolso de las indemnizaciones pendientes del Consorcio de Compensación de Seguros y de las ayudas públicas y pisar el acelerador en la reparación de infraestructuras. A su vez, proponen reforzar la demanda interna y el capital social mediante la implementación de medidas de apoyo al poder adquisitivo de las familias afectadas, como bonos de consumo o deducciones fiscales en el IRPF.