En términos absolutos, Castilla-La Mancha suma 3.177 personas más en lista de espera, situándose junto a Cataluña (+12.121) y Madrid (+3.247) como las tres comunidades que concentran el mayor incremento nacional. De hecho, solo entre estos tres territorios acumulan un crecimiento superior al registrado en el conjunto de España, donde el número de personas en espera ha subido 5,1 puntos en los primeros nueve meses de 2025, es decir, de enero a septiembre.
Aunque el informe matiza que el fuerte aumento parte de niveles bajos en Castilla-La Mancha, alerta de que la tendencia es preocupante y podría tensionar el sistema de atención autonómico si no se refuerzan recursos y financiación.
Paradójicamente, este aumento en la lista de espera se produce en contraposición a un dato: Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas más rápidas en tramitar expedientes de dependencia. El tiempo medio de resolución es de 169 días, por debajo del límite legal establecido en seis meses, o lo que es lo mismo, en 180 días.
Solo cuatro comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cumplen con este plazo: Castilla y León (113 días), País Vasco (130), Aragón (152) y Castilla-La Mancha (169). A mucha distancia se sitúan otras regiones como Murcia, Andalucía y Canarias, donde la resolución de un expediente puede alargarse hasta 500 días, más de un año y medio.
En cuanto a inversión pública, como recoge el Informe de Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a partir de los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, Castilla-La Mancha destina 1.959 euros por persona potencialmente dependiente al año, una cifra apenas inferior a la media nacional que se sitúa en los 1.968 euros.
En el informe destacan como las comunidades autónomas que más recursos invierten el País Vasco con 2.835 euros y Extremadura con 2.779 euros, mientras que a la cola se sitúan Galicia con una inversión anual de 1.317 euros y Canarias con 1.339 euros, registrando así las cifras más bajas.
El informe advierte
El informe, publicado esta semana, advierte que la combinación de buenos tiempos de tramitación con un crecimiento acelerado de solicitudes no resueltas en Castilla-La Mancha puede derivar en una saturación del sistema autonómico, afectando a la capacidad de dar respuesta efectiva a las personas en situación de dependencia.
En este sentido, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales insta a reforzar la financiación y agilizar la concesión de prestaciones, para evitar que más ciudadanos queden en lo que califican como «el limbo de la dependencia», una situación que en Castilla-La Mancha ha crecido de forma especialmente intensa en los últimos nueve meses del año.
Datos vs Page
Los datos del Ministerio de Derechos Sociales con los que la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha elaborado el Informe de Dependencia chocan con las declaraciones que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, realizó en el Debate sobre el estado de la Región, donde el pasado jueves afirmaba que la región «lidera la gestión en dependencia» entre todas las comunidades autónomas de España, para añadir que «somos una de las únicas cuatro comunidades que cumplen con los plazos de tramitación» de la Ley de Dependencia.
Cierto es que la Junta de Comunidades cumple con los plazos, pero Page omitió un dato, y es que en estos últimos nueve meses la lista de espera de la dependencia se ha duplicado con el mayor incremento porcentual del país, con un 58% más de personas pendientes de prestación en la región.