Según el escrito de acusación del fiscal, que pide para ellos penas de entre 60 y 52 años de cárcel, en dicha nave industrial, crearon «un clima de sometimiento que llegó a a anular la capacidad de reacción» de la joven, que entonces tenía 24 años, y tiene diagnosticada una discapacidad psíquica del 35 por ciento. A todos ellos les dijo que no quería mantener relaciones sexuales, pero en aquel espacio la rodearon, le dijeron que «era noche de celebración» y que «tenía que cumplir».
Pese a la oposición de la víctima, empezaron a agredirla, mientras que ella lloraba, tratando de apartarlos. También les gritó que la dejasen en paz, pero no sirvió de nada. La violaron por turnos. Mientras se sucedían las agresiones, el resto de individuos observaba como los demás «ejecutaban su acción sobre la víctima sin impedirla», pese, sostiene el Ministerio público, «a poder hacerlo y tener conocimiento de que los actos sexuales se estaban practicando contra la voluntad expresa» de la joven.
Y es que la víctima no sólo no prestó consentimiento, sino que, apunta la acusación pública, no pudo evitar las agresiones «dada la situación de miedo y angustia en que se encontraba, rodeada de seis» individuos, «en una nave industrial abandonada y alejada del núcleo urbano». Tras lo ocurrido sufre estrés postraumático con «ideas de muerte y autolisis».
Cuatro de los seis agresores siguen en prisión provisional, donde ingresaron en abril de 2023, tras ser detenidos, mientras que los restantes tienen prohibido acercarse a menos de 500 metros de la víctima, y comunicarse con ella por cualquier vía. Este jueves tendrán que sentarse en el banquillo, acusados de agresión sexual con penetración en calidad de autores, y también de cooperadores necesarios.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía también solicita que indemnicen a la víctima con 80.000 euros; su inhabilitación para cualquier empleo que conlleve contacto directo con menores -20 años superior a la condena finalmente impuesta-, así como otros diez de libertad vigilada. Para dos de ellos, también su expulsión de España si accediesen al tercer grado antes de cumplir íntegramente sus condenas. Los seis son de nacionalidad marroquí, y cuatro tienen regularizada su residencia.